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Área de Transporte de Ecologistas en Acción

En nuestra sociedad las grandes infraestructuras de transporte (AVE, autovías, aeropuertos, superpuertos...) disfrutan de un enorme grado de aceptación. Sin embargo, esta valoración se basa en un buen número de tópicos y mitos que asignan a las infraestructuras un papel clave en el desarrollo económico, en la creación de empleo y en el reequilibrio territorial, algo que, a menudo, no tiene correspondencia con la realidad: si se miran con criterios objetivos, estos megaproyectos son ruinosos desde el punto de vista económico, ecológico y social. Suponen un enorme gasto de recursos financieros y ambientales que luego solo beneficia a unos pocos ciudadanos.

El transporte es un sector muy propicio para los megaproyectos, que casi siempre se acometen con tanta cantidad de fondos públicos como escasa justificación y participación ciudadana, abriendo muchas posibilidades de comisiones y otras irregularidades. Ambos factores mencionados, unidos a los réditos políticos y mediáticos que conlleva su construcción, han hecho que en el Estado español hayamos llegado a una situación de desmesura en la dotación de infraestructuras de transporte muy difícil de entender desde una óptica racional.

Dentro de la política de infraestructuras apenas han tenido relevancia ni consideración los criterios ambientales; ni ha existido apenas coordinación entre administraciones. También es patente la falta de transparencia con la que se adoptan decisiones de gran calado económico y territorial. Hay una ausencia casi absoluta de participación ciudadana, mientras que los informes técnicos se redactan a la carta para justificar decisiones previas que obedecen a criterios de rentabilidad política, no de lógica del transporte. O que responden a la capacidad de presión y de poder del sector de la construcción de infraestructuras, un oligopolio con enorme capacidad financiera y de influencia. Solo comentaremos brevemente los dos últimos planes de infraestructuras vigentes en España (uno del PP, otro del PSOE). En marzo de 2000, el Ministerio de Fomento puso en marcha el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 (PIT), siendo ministro Álvarez-Cascos. Un ambicioso listado de obras que pretendía convertir al español en el Estado europeo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria y de autopistas. Para el AVE se planteaba que “todas las capitales quedarían a menos de cuatro horas de Madrid”. Con un coste y un déficit tremendos que nunca terminaremos de pagar. Es también en esta época cuando se idearon un gran número de aeropuertos regionales, hoy deficitarios. O muchas de las últimas autopistas de peaje construidas, que están ahora siendo subsidiadas por el Estado. Al tiempo que se imponía esta desproporcionada política de obras públicas, se detuvieron las inversiones en la red convencional de ferrocarril.

Idioma Español
Publicación 2011
Editorial Ecologistas en Acción
Categoría Economía y Derecho


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